La Mancomunidad de Servicios aprobó este jueves su presupuesto anual para 2025 y una nueva ordenanza fiscal que unifica las tasas de residuos en los 21 municipios que la componen
La Mancomunidad de Servicios Comsermancha aprobó este jueves 7 de noviembre, en sesión plenaria extraordinaria, dos medidas fundamentales para su desarrollo en 2025 y a largo plazo: el presupuesto anual, que asciende a un total consolidado de 16.069.788,60 euros, y una nueva ordenanza fiscal que unifica las tasas de residuos para los veintiún municipios que la integran. Estas decisiones, adoptadas con el objetivo de asegurar la sostenibilidad y equidad en la prestación de servicios, marcan un paso decisivo en la autofinanciación de la entidad.
Las cuentas, que contemplan un incremento del 2,5% en las partidas de personal y del 3% en el resto de conceptos, salieron adelante con los votos favorables del PSOE y Unidas-IU-Podemos (12) y la abstención de PP y VOX (9). El presupuesto incluye tanto las cuentas de la propia Mancomunidad, que ascienden a 14,9 millones, como las del Patronato de Medio Ambiente, que suman 1,07 millones.
Durante el pleno, el Secretario-Interventor Antonio Martínez expuso las modificaciones de la nueva Ordenanza Fiscal Reguladora, que incluyen mejoras estructurales, clarificación de conceptos y adaptación a la normativa vigente. Entre los cambios destacados, se redefinen categorías para viviendas no habitables y se establecen clasificaciones específicas para establecimientos hosteleros en función de la población de cada municipio.
La presidenta de Comsermancha, Rosa Melchor, centrándose en los aspectos prácticos de la implementación, aclaró que la actualización requerirá un trabajo minucioso por parte de los 21 municipios para adaptar sus padrones al nuevo marco normativo. "Somos veintiún municipios con nuestra propia autonomía, pero en el asunto de la recogida de residuos sólidos urbanos somos una única entidad", enfatizó la presidenta, quien defendió el modelo de gestión como "ejemplo para otros muchos lugares".
Melchor subrayó que la mancomunidad "ha vivido de la solidaridad de los municipios grandes con los pequeños y de los pequeños con los grandes, de la colaboración y de trabajar todos juntos" durante sus cuarenta años de existencia, y cerró su intervención con un llamamiento a mantener el "espíritu de consenso y trabajo compartido", más allá de los colores políticos.
El portavoz del PP y vicepresidente segundo, Alberto Lara, manifestó su oposición argumentando que "esta es posiblemente la decisión más importante tomada hasta la fecha por la Mancomunidad" y defendió "devolver esa competencia fiscal a los ayuntamientos, preservando así el principio básico de autonomía fiscal". Lara también cuestionó que la ordenanza responda al principio europeo de "quien más contamina más paga" y criticó la premura en su tramitación.
En contraste, el portavoz del PSOE y vicepresidente primero, Santiago Lázaro, defendió que la ordenanza "aporta seguridad jurídica y evita duplicidades", subrayando que la unificación de tarifas responde a un "criterio de justicia e igualdad" al establecer el mismo coste para todos los usuarios independientemente de donde vivan. El también alcalde de Campo de Criptana destacó la trayectoria exitosa de Comsermancha durante sus cuarenta años de historia y explicó que la nueva normativa permitirá hacer frente a los recientes desafíos económicos causados por la inflación, asegurando "un sostenimiento financiero sin deudas y sin dependencia de entidades bancarias".
Con esta aprobación, Comsermancha se sitúa a la vanguardia en la adaptación a la normativa europea sobre gestión de residuos. El servicio, que atiende a cerca de 200.000 habitantes en la comarca manchega, es considerado un referente por su modelo de gestión y tratamiento de residuos, destacando especialmente su centro de tratamiento, uno de los más avanzados de la región. Los presupuestos y la nueva ordenanza entrarán en vigor el 1 de enero de 2025, tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y el correspondiente periodo de exposición pública para alegaciones.